Los jueces de Familia de todos los partidos judiciales de Baleares excepto Ibiza buscan evitar una avalancha de demandas de padres y madres divorciados con hijos. En una serie de juntas han fijado una serie de criterios comunes para hacer frente a dos focos de conflicto derivados del estado de alarma: cómo se recuperan el tiempo que un progenitor no pudo disfrutar con su hijo por las restricciones de movilidad y qué ocurre con las pensiones de alimentos a los menores de padres afectados por la crisis económica. Así, el acuerdo en Palma ha sido fijar como «mínimo vital» la cantidad de 180 euros mensuales en el caso de un hijo, 150 euros para dos hijos y 120 para tres.
El acuerdo de los jueces de Palma señala que estos criterios son «interpretativos» y que buscan dar «seguridad jurídica a las relaciones familiares e intentar evitar el incremento desmesurado de los procedimientos judiciales». Es decir, se busca que sean los padres quienes intenten alcanzar acuerdos y se apela a su «lógica, sensatez y prudencia». Además, los jueces recomiendan que se acuda a otros procesos como la mediación en lugar de pleitear.