La sobrecarga judicial demora un año el informe para lograr custodia compartida

paco cerdà valencia Lo denunció el colegio de abogados y ahora asume la queja la sala de gobierno del TSJ: la falta de medios y la sobrecarga de trabajo en los juzgados de Valencia está provocando la demora de un año en ocasiones más para conseguir el informe psicosocial: el documento necesario que han de presentar las familias para que un juez establezca la custodia compartida de los hijos ante un matrimonio que se divorcia. Sin esa prueba pericial no hay custodia compartida y los jueces actúan de forma expeditiva ante un divorcio con hijos: entregan la guarda y custodia a la madre, por regla general, y dejan al padre sin los críos. Cuando al cabo de un año disponga del informe psicosocial, el magistrado ya verá si han de cambiar las medidas provisionales. Porque la prueba psicosocial es la pericia independiente que ha de ayudar a resolver la idoneidad o no de un progenitor para optar a la custodia compartida.
Sólo cinco psicólogos y dos asistentes sociales con un administrativo de apoyo atienden todas las peticiones de informes psicosociales de los cuatro juzgados de familia, los cuatro juzgados de Violencia contra la Mujer, los juzgados de menores, los de incapacidad y la sección décima de la Audiencia Provincial, según denuncia José Soriano, abogado experto en cuestiones de familia y diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Valencia.
Desde noviembre de 2011, cuando se desbloqueó la ley valenciana de custodia compartida, los retrasos son la nota dominante en estos procesos. «El problema de estas demoras analiza José Soriano es que monoparentaliza los casos cuando se rompe la pareja: los hijos se quedan con uno o con otro de entrada. Generalmente, con la madre». Los grandes perjudicados, pues, son los padres varones. Los abogados que representan a las madres, en cambio, salen ganando. «La Conselleria de Justicia añade Soriano no aporta medios necesarios para agilizar estas pruebas», que son de carácter gratuito.
Éste problema de los retrasos se ciñe a la ciudad de Valencia. En el resto de comarcas, el inconveniente es distinto. En los municipios de los otros partidos judiciales se designa por sorteo al psicólogo que elaborará el informe psicosocial. Al contrario que en Valencia, en los pueblos el informe no es gratis. Y según denuncia el colegio de abogados, los psicólogos cobran desde 600 hasta 1.800 euros en algunos casos. Precisamente hoy se reúnen con el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunitat Valenciana para intentar arreglar esta situación de desigualdad y presuntos abusos de honorarios.